Tres mil mujeres trabajan en prostitución

Se reabre el debate sobre la regulación del mercado del sexo, tras dos polémicas sentencias en Andalucía y Valencia. Mientras, en Zaragoza, crecen los servicios (también masculinos) enmascarados en pisos y salas de masaje.

Fuente.- Heraldo de Aragón / 25 de enero de 2004 // El negocio del sexo permanece oculto y mueve cantidades millonarias de dinero negro. Dos recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la Audiencia Nacional han reavivado el debate sobre la posible regulación del sector. En Aragón, no hay una opinión unánime: hay dueños de locales que apuestan por la legalización y querrían que las mujeres se dieran de alta como autónomas; algunos colectivos que realizan labores educativas y de apoyo a las prostitutas defienden la legalización como una vía para proteger sus derechos; otros prefieren no pronunciarse sobre un tema que remueve conciencias; y entre las propias trabajadoras hay puntos de vista muy diferentes, algunas no quieren perder el anonimato ni cotizar y otras piden más protección social.

Es difícil dar cifras. Nadie sabe con exactitud cuántas mujeres (y cada vez, también, más hombres) se dedican a esta actividad. Sólo en Zaragoza y los locales de carretera de los alrededores, po-.

drían trabajar más de 3.000 mujeres, la gran mayoría extranjeras, según estimaciones de empresarios del sector (algunos elevan esta cifra a más de 5.000 y otros, la minimizan).

El debate moral comienza con la propia denominación: "trabajadoras del sexo" o "mujeres prostituidas", una opción libre o una explotación. Legalizar supondría sacar a la luz este negocio y dotar de protección social a las personas que trabajan en prostitución, que cotizarían a la Seguridad Social. Significaría, también, reconocer que existe.

"¿Por qué es tan fácil trabajar en prostitución?, porque no está regulado. La clandestinidad no ayuda nada. Defendemos la regulación como una apuesta por la normalización. Y permitiría eliminar los abusos de los intermediarios. Las prostitutas perderían su anonimato y tendrían que cotizar. Sentémonos a hablar, pero sin prejuicios", aseguran desde el Centro Alba, que lleva diez años trabajando con prostitutas en el barrio de San Pablo.

El objetivo del Centro Alba .

-que depende de la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Aragón- es concienciar y reducir los riesgos laborales. Reparte 22.000 preservativos mensuales y ha ayudado a casi 5.000 mujeres. El año pasado atendió a 1.600 mujeres (el 80% eran inmigrantes y el 15%, travestis) y a unos 70 hombres.

Los clubes están funcionando con licencia de bares y las prostitutas trabajan sin contrato. "Regularizarlas aportaría una riqueza al Gobierno. La solución es crear un gremio de "prostitutas" y que se den de alta en la Seguridad Social como autónomas", afirma el dueño de un club de Zaragoza. "Es mentira que vengan engañadas, saben a qué vienen", dice este hombre, que "tiene" 15 extranjeras.

"La legalización protegería a las chicas y dignificaría este negocio", afirma otro propietario. "Las mafias controlan el 90% de los locales. A mí vienen a ofrecerme chicas, pero yo no acepto. Quiero que las mías trabajen en libertad. En otros sitios están retenidas y se quedan con su dinero", añade.

Debatir la legalización de la prostitución -o la misma existencia de este negocio clandestino- levanta ampollas. "Ni desde el Gobierno de Aragón ni desde el IAM se ha planteado esta cuestión. Antes de tomar una decisión se tienen que sentar todas las partes a debatir. Y es fundamental contar con las propias mujeres", afirma Elena Allué, directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

Entre las afectadas -protagonistas o víctimas, según como se mire- hay gran disparidad de opiniones. "La legalización sería buena para las chicas que se dedican toda la vida a esto, porque tendrían derecho a Seguridad Social y una pensión. Pero a mí no me conviene. Mi familia no sabe que trabajo en esto. Soy una mujer casada y tengo tres hijos. ¿Cómo le digo a mi marido que me quiero dar de alta como puta?, plantea abiertamente Sonia (ningún nombre de estos protagonistas es real), que trabaja en un piso y se anuncia en el periódico como rubia, morbosa, de 25 años.

"Tendríamos algún derecho y se acabarían los chulos. A mí me parece bien", afirma Pepa. Tiene 53 años y ahora trabaja limpiando en una residencia. Durante 20 años, vendió su cuerpo en clubes y en la calle para mantener a su madre y a su hijo. "No volvería por nada", asegura.

"Yo creo que legalizar nos dañaría a los que estamos en esto. Podría incitar a más gente a trabajar. Y se perdería el morbo y el misterio de los encuentros secretos", sostiene Marcos, colombiano de 20 años, que se ofrece a chicos, chicas o travestis.

Entre las (o los) inmigrantes que trabajan en la prostitución, la mayoría en situación irregular en España, hay mucha desinformación. "¿Qué significa la legalización? ¿Que nos darían papeles?", pregunta Cristina, rumana de 22 años que trabaja en un local en Zaragoza.

Paula Figols